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Published on septiembre 12th, 2017 | by encuentro judicial

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Gobierno y empresarios avanzan con la polémica reforma laboral

El Ejecutivo no se detiene en su intención de precarizar las condiciones laborales. Junto a entidades empresariales trabajan en un proyecto que incluye rebajas en los aportes patronales, quita de impuestos, blanqueo fiscal y flexibilización de los convenios colectivos de trabajo, entre otros ejes controversiales
Buscando frenar el costo que supone la contratación de nuevo personal, entidades empresariales le entregaron al gobierno de Mauricio Macri un borrador con un proyecto de reforma laboral que incluye muchos de los puntos que desde el Ejecutivo pretenden que se traten después de las elecciones legislativas, tendientes a flexibilizar las condiciones de trabajo.
La iniciativa, que ya está en el escritorio del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, pretende ser tratada por el Ejecutivo después de las elecciones legislativas, cuando se estima contar con un apoyo en las urnas que posibilite ir a fondo en el mismo sentido que lo hizo la reforma encarada por Michel Temer en Brasil.
El plan ideado por las mentes empresarias, que cuentan con el visto bueno del Gobierno nacional, incluye cambios importantes que ya han desatado una fuerte polémica entre los trabajadores. Los puntos centrales del proyecto apuntan a profundizar la precarización laboral, así como también incrementar la pérdida de los derechos consagrados que costaron décadas de lucha al movimiento obrero organizado.
Cuestiones claves
Entre los aspectos centrales de la ley que plantean los empresarios está la idea de reducir en un 50% los aportes patronales para brindarle a los inversores la chance de generar empleo y disminuir el trabajo informal. Esta idea fue la misma que llevó adelante el exministro Domingo Cavallo en el año 1994 en pleno auge del neoliberalismo, y que concluyó con la crisis de 2001, un desempleo del 24% y un nivel de informalidad laboral del 55%.
Tal como ocurre hoy en Brasil, se apunta a flexibilizar los convenios colectivos de trabajo por medio de la exención de cargas sociales, lo que haría “reducir” el costo laboral y hacer más “competitiva” la industria nacional en el mundo. De allí que se aspire también a incrementar los tiempos de las contrataciones laborales, pasando de los 3 meses actuales a los 6 o 9 meses para los períodos de prueba.
Otro de los puntos polémicos que ocasiona un fuerte rechazo gremial es la intención de las cámaras empresariales de que el Gobierno “presione” a las administraciones provinciales para que se aprueben en forma rápida las modificaciones hechas a la Ley 27.348 de Riesgos del Trabajo, con lo cual lograrían bajar la litigiosidad laboral que para ellos “tanto daño” le hace a las empresas a la hora de producir.
Otra medida que genera incertidumbre es la intención de los empresarios de achicar los bonos pautados en los acuerdos paritarios, lo que genera que vayan a la baja los magros salarios que reciben muchos trabajadores. Esto hará que los ítems especulados en los sueldos se vean resentidos y con porcentajes mucho menores a los pactados en las discusiones salariales.
Además se suman los pedidos del sector patronal de incrementar las facilidades a la hora de despedir personal, con el fin de acelerar los trámites y que las empresas puedan “desprenderse” de sus em­pleados al menor costo posible. De este modo, se solicita que en el cálculo indemnizatorio se tome en cuenta solo el salario en blanco del trabajador, dejando de lado todas las cifras compensatorias en negro que se perciben por diferentes ítems. Esto lleva a que se insista con su plan de consolidar legalmente las sumas no remunerativas por fuera del salario en blanco, informalizando aún más el trabajo nacional.
También se plantea un controvertido blanqueo fiscal para regularizar trabajadores, lo que significa un “perdón” para las empresas con deudas previsionales, a condición de que contraten nuevo personal. Con este último punto, los empresarios destacan que se beneficiará a las pymes con menos de cincuenta empleados y que tienen una mayor porción de trabajadores en negro.
Las condiciones
– Reducción en un 50% de los aportes patronales
– Facilidades en los montos indemnizatorios a la hora de despedir personal
– Flexibilización de los convenios colectivos de trabajo con la exención de cargas sociales
– Aprobación en todo el país de la Ley de ART
– Abaratamiento de cargas salariales en un 40%
– Aumento en los plazos para contrataciones temporales
– Recorte de los bonos acordados en paritarias
– Consolidación legal de sumas no remunerativas por fuera del salario en blanco
– Creación de un sistema de contratos individuales o por empresa
– Perdón en deudas previsionales a empresas que contraten nuevo personal
Un proyecto para abaratar los costos
En sintonía con lo que viene sucediendo en Brasil, donde el presidente Michel Temer llevó adelante una reforma laboral sin contar con el visto bueno de los trabajadores, las autoridades argentinas sostienen la necesidad de copiar algunos de los puntos que tienden a “abaratar los costos”.
De allí que se avance fuertemente sobre los convenios colectivos de trabajo, es decir, los contratos existentes entre los sindicatos de un determinado sector de actividad y el empleador, los cuales regulan las condiciones de trabajo, los salarios, los descansos, las vacaciones, las licencias, y que son los encargados de establecer reglas sobre la relación entre las entidades gremiales y la parte empleadora.
La idea de los empresarios que presentaron el proyecto a la Casa Rosada, y que el Gobierno comparte en su totalidad, es la de sostener un sistema de contratos individuales o por empresa en las negociaciones para mejorar las condiciones laborales.
Esto tiende además a que se pretenda abaratar las cargas sociales en alrededor de un 40%, lo que llevaría a vulnerar las partes salariales que se perciben por diferentes ítems como ruralidad, presentismo, ausentismo, entre otros puntos que conforman el salario de los trabajadores.
El Gobierno promueve una Ley de ART nefasta e inconstitucional
Carlos Quintana – Secretario general (UPCN), Provincia de Buenos Aires
Especial para Hoy
s hora de decir las cosas por su nombre. La Ley 27.348 de Riesgos de Trabajo, promovida por el Gobierno nacional, es nefasta para el conjunto de los trabajadores. Se trata de una verdadera aberración desde el punto de vista jurídico y constitucional. Esta cuestionada ley pretende que las comisiones médicas intervengan ante un accidente de trabajo en forma previa a la Justicia, desconociendo que el artículo 15 de la Constitución provincial garantiza, en todos los casos, el acceso irrestricto de los trabajadores a la misma. Es inadmisible que se pretenda que sean los médicos quienes reemplacen este rol indelegable de la Justicia. El médico, en todo caso, puede hablar de patologías, pero no de accidentes de trabajo.
La Ley 27.348 fue promovida por el oficialismo nacional. Tuvo un tratamiento sobre tablas vergonzoso, donde ni siquiera hubo debate. Ahora, en forma igualmente escandalosa, están buscando la adhesión de la Provincia de Buenos Aires. Se pretende instalar que lo que está en juego es el costo laboral y una supuesta industria del juicio, un disparate que sostiene hasta el mismo Mauricio Macri. El Presidente debería preguntarse qué trabajador querría perder un brazo, una mano o quebrarse una pierna para cobrar una indemnización. Una locura.
Para poner blanco sobre negro: los sectores empleadores son los que no cumplen con los requisitos de seguridad con que deben contar los trabajadores. Si proveyeran los elementos y las condiciones de trabajo adecuadas, no deberían preocuparse tanto por los accidentes. Los trabajadores cuestionamos además la presunta imparcialidad de las comisiones médicas, que serían las encargadas de determinar el accidente de trabajo. Esto es inadmisible, ya que están financiadas por el propio sistema empresarial. Esta ley es inconstitucional porque degrada a los trabajadores a una segunda categoría. No tenemos dudas de que esta norma ha sido hecha a medida y de acuerdo a lo peticionado por la corporación de las ART y va en contra de los derechos elementales de los trabajadores.
La única provincia que adhirió a esta ley nacional ha sido Córdoba. No obstante, dicha acción no fue publicada en el Boletín Oficial y no ha entrado en vigencia, en razón de que la adecuación que el gobierno provincial ha efectuado a la Ley Nacional impone, como requisito previo e indefectible, la necesidad de crear una Comisión Médica por cada Circunscripción Judicial existente. Esto refleja claramente que subordina el accionar de las mismas a la Justicia.
Para finalizar, debemos decir que la Ley 27.348 es una mentira. No busca que haya menos enfermedades o accidentes. Lo que quiere es que después de un problema de trabajo no se pueda reclamar una indemnización. Esta norma daña los principios básicos de defensa de los trabajadores, impidiendo su acceso a la Justicia. Quienes los representamos, no vamos a permitir que se vulneren sus derechos y se profundice la flexibilización laboral”.
“No vamos a resignar ni un solo derecho”
Miguel Zubieta – Secretario general del Sindicato de Salud Pública
“Hay cosas que hay que discutirlas, estoy totalmente convencido de que es una barbaridad sin ninguna lógica. Esta flexibilización que quiere llevar adelante el Gobierno va a tener una oposición drástica de todas las organizaciones sindicales.
Sí hay que discutir algunos temas, como por ejemplo el avance de la edad jubilatoria, ya que el crecimiento de la expectativa de vida es real. Nosotros después de muchos años de lucha hemos logrado que se reduzca la edad jubilatoria del trabajador de la Salud, por lo que hoy no se puede querer imponer que se aumente drásticamente a cambio de nada.
Este es un gobierno que siempre supimos que iba a venir por los Convenios Colectivos de Trabajo, por los derechos de los trabajadores. No creo que ninguna organización pueda, a cambio de nada, entregar derechos de los trabajadores. Nosotros desde el Sindicato de la Salud Pública no estamos de acuerdo con esto, y si el Gobierno quiere salir a hacerlo tendremos que estar todos en las calles protestando y demostrando que no vamos a resignar ni un solo derecho de los trabajadores, no vamos a dar ni medio paso atrás”.
“Ningún país avanza precarizando a sus trabajadores”
Julio Castro – Secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias (Sosba) de la Provincia de Buenos Aires
“Esto se tiene que hacer con consenso, con la participación de los representantes de los trabajadores. No va a ser viable si el sector empresarial y el Gobierno lo hacen a espalda de los trabajadores. Es como siempre: es más fácil cortar por lo más pequeño, pero esto no tiene ningún sentido desde la lógica ni desde el sentido común.
La reforma laboral significa volver atrás, volver a donde el patrón era dueño de todo lo que tenía que ver con el trabajador. Ningún país avanza precarizando a sus trabajadores ni bajando la calidad de la mano de obra. Uno está de acuerdo con que hay que modernizar algunos convenios que han quedado antiguos por el avance de la tecnología, pero no con precarizar, con que el ser humano trabaje más horas de las que corresponder, con que no tenga derecho al descanso. Eso no hace feliz a nadie ni hace avanzar a ningún pueblo.
Desde el Gobierno no convocaron al movimiento obrero organizado para ir trabajando en una reforma en conjunto, porque quieren hacer esto y están totalmente equivocados si creen que el enemigo es el trabajador.
Lo más razonable para que el país pueda salir adelante es llamar a un gran consenso de diálogo. Siempre lo hemos dicho: queremos el diálogo. El atropello nunca sirvió. Si no se busca el consenso se van a sufrir consecuencias sociales”.
“La flexibilización de los convenios colectivos de trabajo significa pérdida de derechos laborales”
Jorge Baldovino – Secretario general de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria (AERI) 
“Rechazamos absolutamente cualquier intento de modificación de las cuestiones laborales, de las conquistas que se han logrado a través de los años, de los convenios colectivos y de las jornadas de trabajo. Esto significa un retroceso a la década de los 90, que tantas penurias y perjuicios causó a la clase trabajadora en particular y a la ciudadanía toda.
El Gobierno quiere sacar este proyecto porque indudablemente es una concepción ideológica y filosófica de ellos. Son políticas neoliberales que ya han fracasado, pero que este gobierno insiste. Probablemente sea una exigencia de los organismos financieros internacionales y del poder concentrado del país, la famosa rebaja del costo laboral que quita derecho a los trabajadores.
La flexibilización de convenios colectivos de trabajo significa pérdida de derechos laborales. Sería bueno que cada Convenio Colectivo pueda modernizarse, pero en serio, en beneficio de los trabajadores y no en perjuicio de ellos.
Una reforma laboral amplia e íntegra de la Ley de Contrato de Trabajo, por ejemplo, requiere aprobación de las cámaras legislativas, es decir, tiene que salir por ley. Particularmente creo que, si no hay cambios sorprendentes, hoy por hoy no estarían las condiciones dadas para poder sacar una ley de esas características”.

Fuente: Diario Hoy


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