Noticias Maria del Carmen Roqueta

Published on mayo 10th, 2018 | by encuentro judicial

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“Nunca se vio tan clara la mano del presidente dentro del Poder Judicial”

Entrevista a María del Carmen Roqueta, la ex jueza del Tribunal Oral Federal Nº 6 que llevó adelante el juicio por el robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar. Retirada de la magistratura desde abril de 2016, reflexiona sobre la relación del Poder Judicial con el ámbito político y del papel de los jueces en tiempos macristas.

Por Leonardo Marcet

Como Presidenta del TOF Nº 6, María del Carmen Roqueta condenó al dictador Jorge Rafael Videla a la pena de 50 años de prisión en un fallo que dio por probada la existencia de una “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad” en “el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983”. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO indicó que «a pesar de todas las vicisitudes y las dificultades, vamos a mantener el prestigio que tiene la Argentina por llevar adelante estos juicios, trabajando con la lógica “hecho-prueba”, y la responsabilidad penal de la persona».
APU: ¿Cómo funciona el Poder Judicial en relación con los otros Poderes, cuyo posicionamiento político es manifiesto?
Dra. María del Carmen Roqueta: Que el Poder Judicial es apolítico es una idea equivocada. La Constitución establece la interrelación de los tres poderes o las tres funciones del Estado, entendiendo que el Poder Judicial no debe intervenir en la contienda política porque conforma la base jurídica de nuestras instituciones. Partimos de la premisa de que la soberanía es del Pueblo, que esa soberanía la ejerce a través del voto, eligiendo representantes para el Poder Ejecutivo y los cargos de diputadas/os y senadoras/es. La relación es: propuesta del Ejecutivo, acuerdo del Senado. El error en que habitualmente se cae es decir que el Poder Judicial no puede ser político. Esta afirmación es de por sí una postura política y además quien lo dice sabe perfectamente que no puede ser apolítico, ya que hace política como los otros dos Poderes. Lo que el Poder Judicial no debe hacer es partidizarse o sectorizarse, a favor de determinado grupo. Cuando se habla de un Poder Judicial independiente, tanto a nivel federal como provincial, se refiere a que cada juez o cada jueza resuelva sin presiones y de acuerdo a cómo entiende la letra de la ley. A partir de ahí se puede hablar de las múltiples posturas y diferencias de lo que se entiende por política y de cómo puede manejarse un/a magistrada/o políticamente.
APU: Entendiendo que los jueces y las juezas tienen posiciones políticas, ¿cómo se relacionan con el rol imparcial que deben cumplir?
MCR: Cada uno se expresa políticamente de acuerdo a cómo piensa el Derecho y la aplicación del Derecho. Yo estudié durante la dictadura y los profesores decían que el Derecho es apolítico. Nada más mentiroso, porque cuando se elabora, se sanciona, se promulga y se publica una ley, se está expresando una idea política. Cuando un juez o una jueza tienen que aplicarla, tienen que interpretarla de acuerdo a la especificidad del caso. Yo no creo en la fórmula típica que dice: “un cincuenta por ciento de interpretación y el otro cincuenta por ciento de la biblioteca”. Hay cosas que son claras, que lo dicen la Constitución y la Corte Suprema de Justicia, que quedan fijas en el tiempo. Pero esto no quiere decir que todo es estático: el Derecho es fluctuante porque tiene que ver con la vida de las personas. Hay cuestiones que a nivel personal pueden no gustarnos pero que se tienen que aplicar porque la ley dice eso, porque lo está marcando la norma legal, aunque también ocurre que se hagan interpretaciones tiradas de los pelos, porque son personas las que interpretan la ley y también se equivocan.
APU: El Poder Judicial es históricamente señalado como una forma de resabio monárquico, elitista y conservador. ¿Qué opinión le merecen estas afirmaciones?
MCR: Desde el punto de vista de la Constitución, la Justicia es una de las funciones del Estado más “pensantes”, más reflexivas, por esto de estar alejado de la vorágine cotidiana de la política y de la toma de decisiones. Lo que pasa es que el Poder Judicial históricamente estuvo integrado por personas que pretendieron trabajar distanciándose de la “contaminación de la política”, con el objetivo de autoprotegerse. Pero ahí también hay una mirada política; no es que no se contaminaban con la política. Desde el regreso de la democracia en 1983, ha habido distintos momentos. La pretensión del Poder Judicial durante el radicalismo fue mantener a la estirpe “aristocrática”, dentro de lo que puede considerarse aristocrático en este país, alejada de “la plebe” radical que estaba asumiendo el poder. Este pensamiento aristocrático fue acompañado de una actitud si se quiere conservadora, en la medida en que el Poder Judicial entiende que debe apaciguar los conflictos, ya que es la razón por la cual se recurre a él, para que aporte calma. Esto en lo que refiere a una mirada idealista, según la Constitución, de lo que debe ser la Justicia. Lo que sucedió es que tanto los radicales como los peronistas que asumieron el poder posteriormente, “contaminaron de política” al Poder Judicial.
APU: ¿Qué se entiende cuando se habla del “respeto por la carrera judicial”?
MCR: El tema de la carrera es otro de los resabios del conservadurismo, la idea de que se tiene que hacer la carrera dentro del Poder Judicial para ser un buen juez. Es una concepción falsa, hecha también en este sentido de autoprotegerse. Yo creo que la democracia, si bien trató de modificar algunas cosas, todavía no lo hizo del todo. Hubo dos momentos interesantes desde el ’83 para acá, que fueron cuando Alfonsín ingresó al cargo y sacó a casi todos los jueces que venían de la dictadura (lo que hizo fue nombrar jueces y juezas federales con acuerdo del sector del peronismo); y luego cuando durante el primer gobierno de Menem, estando León Arslanián como Ministro de Justicia (y después de muchas idas y vueltas, de acuerdos y desacuerdos), el parlamento promulga una ley para modificar el Código de Procedimientos penales y se incorpora el juicio oral y público. Después hubo un intento de Kirchner de hacer algo interesante, pero yo no sé decir si no pudo o no lo dejaron.
APU: Quisiera saber su opinión sobre los magistrados que toman decisiones sin sustento jurídico.
MCR: Quiero dejar en claro que una cosa es hablar de la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires y otra de los fueros provinciales o locales. Lo que se nombra como “Comodoro Py” lo componen no más de 40 personas, de las cuales son conocidas mediáticamente sólo unas diez, y el resto no se conoce, salvo que publiquen algún fallo o vayan a filmar alguna sentencia que le interese al periodismo. Este fuero está en la Ciudad porque es donde se cometerían los delitos del Presidente de la Nación y de los funcionarios. Los jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta Alfonsín eran seis y en el menemismo se sumaron seis más, siempre tuvieron muchísimo poder y respondían al poder de turno, aunque esto no era tan visible como ahora con el avance de los medios de comunicación. Sin embargo, en la época de Menem los jueces empiezan a trabajar de una manera distinta. Hablo de los jueces de instrucción, que son los que “tienen los fierros”, como se dice en la jerga, y que empezaron a trabajar no para encarcelar a los funcionarios corruptos, sino para hacerlos zafar de delitos. Lo lamentable es que esa gente que era muy formada y empezó a ponerse la pátina de “juez garantista”, cosa que también es una falacia, porque todos los jueces deben ser garantistas porque tienen que hacer cumplir las garantías que establece la Constitución; pero me queda claro que el uso indebido del término es una estrategia que están usando para atacar a Zaffaroni. Esos mismo jueces, decía, recientemente dieron un giro de 180 grados y empezaron a encarcelar gente porque sí, sin fundamentos -lo que es de extrema gravedad-, o con argumentos falaces. Los jueces tienen que fundamentar con certezas, sino se cae la acusación.
APU: ¿Estos jueces están cometiendo acciones contrarias a la función que deben cumplir?
MCR: Esos jueces acomodan las interpretaciones de acuerdo a lo que el poder político quiere. Pero ojo, porque esos jueces también tienen mucho poder. Yo estoy escuchando de varias causas de este gobierno que dicen “fue archivada”. Si la persona no fue llamada a indagatoria o no fue sobreseída, esa causa puede abrirse en cualquier momento. Tienen un arma muy importante. Yo no estaba en Instrucción, yo estaba en Tribunal Oral, que revisa lo que hacen los jueces de instrucción y que puede poner blanco sobre negro y ordenar un poco las cosas en causas que tal vez no tengan trascendencia política; causas comunes, sobre todo delitos de narcotráfico, que son causas simples porque se terminan aplicando siempre tres o cuatro artículos. Y que también son causas muy extensas por las investigaciones, que tienen mucho papel por las transcripciones de las escuchas pero, a veces, poca droga secuestrada. Lo cierto es que estos jueces han tenido o tienen una cuota importante de poder. Para mí es un granito de arena dentro del esquema de poder, pero el verdadero problema es la corrupción del sistema judicial.
APU: Se habla constantemente de la judicialización de la política. ¿Siempre fue así? ¿Encuentra diferencias a partir de la llegada de Cambiemos al gobierno?
MCR: La judicialización de la política no es de ahora. No hace falta que nos vayamos muy lejos: durante el gobierno de Menem, el sector que estaba en la oposición judicializó muchos hechos que tuvieron una considerable difusión (sobre todo desde Página/12), y no digo que no tuvieran razón… yo juzgué algunos de esos casos. Durante el gobierno de los Kirchner, en Instrucción se trabajó mucho más tranquilamente, de manera más cerrada. Tal vez me equivoco o no recuerdo, pero entiendo que recién en los dos o tres últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, cuando empieza la oposición desde cualquier sector, se toma al Poder Judicial como una de sus espadas con la causa Boudou. Pero repito, esto de operar políticamente desde el Poder Judicial no es nuevo; en mayor o menor medida lo han utilizado todos los políticos. Hubo casos, cimbronazos, como la denuncia a Mauricio Macri por las escuchas ilegales, pero ya sabemos cómo terminaron (sobreseído en diciembre de 2015, confirmado por la Cámara Federal en 2016, nota de edición). Incluso el poco avance en su momento, en el año 2009, también fue un tema político.
Memoria, Verdad y Justicia: ¿nueva etapa?
APU: El impulso que se dio desde el poder político a los juicios por delitos de lesa Humanidad durante el kirchnerismo tiene un carácter inédito en nuestra historia y también en la de los países que sufrieron dictaduras a finales del siglo veinte. Actualmente, desde los Organismos de Derechos Humanos y distintos sectores políticos, sociales y sindicales se denuncia el desmantelamiento de áreas vinculadas a la investigación de los hechos y el ralentamiento de los procesos, además de los intentos por otorgar discrecionalmente el beneficio de la prisión domiciliaria a los represores o la aplicación retroactiva del sistema “2×1”. ¿Cómo evalúa su experiencia durante el gobierno anterior y qué observa de la situación actual de las causas?
MCR: Respecto de las causas por delitos de Lesa Humanidad, yo siempre dije que hubo unanimidad en el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires, que allí no hubo discusión. Cuando el tema tomó vuelo y empezó a implicar mucho trabajo, creo que se llevó adelante de la mejor manera posible. Te puede gustar más un juez o una jueza que otro, te puede gustar más un fallo que el otro, pero creo que en general se ha aplicado un criterio garantista. Se avanzó con mucho trabajo y, siempre voy a hacer la misma crítica, con una pésima diagramación de cómo debíamos haber trabajado. Ahora ya podemos decir que se concretó el grueso de las causas, avanzando con lo que se conoce, porque esto es lo que se sabe, más data no hay. Sobre la ralentización de las causas, sé que esto que digo es discutible, y pienso que los Organismos de Derechos Humanos tienen razón en lo que plantean, pero yo creo que a pesar de todas las vicisitudes y las dificultades, vamos a mantener el prestigio que tiene la Argentina por llevar adelante estos juicios, trabajando con la lógica “hecho-prueba”, y la responsabilidad penal de la persona, sin salirse de ahí. Y esto es muy importante porque si no fuera así, realmente estaríamos bastardeando lo que significa el Derecho.
APU: ¿Están frenando las causas por delitos de lesa Humanidad?
MCR: Puede ser que haya un parate en alguna provincia, no lo sé, y lo cierto es que la parte más gruesa, de lo que se sabe, casi se hizo. Pero también hay una realidad, y por eso mi crítica, que es que en la Ciudad de Buenos Aires los juicios por delitos de lesa Humanidad han tenido que hacerlos los mismos seis tribunales orales que al día siguiente de juzgar a los genocidas, tenían que hacer un juicio por veinte paquetitos de cocaína secuestrados en un kiosko del barrio de Palermo. Y no es para denostar ese tipo de causas, sino todo lo contrario, porque no se trata de papeles, son personas las que están detenidas, personas imputadas. O juzgar a alguien que falsificó un DNI, que gracias al cambio de jurisprudencia ya no corresponde juzgar al Tribunal en pleno sino solo a uno/a de los jueces o juezas, o la inmensa cantidad de causas por venta ambulante (los “manteros”), o las causas por corrupción, que son enormes, que son trabajosas porque son puro papel y tenés que leer y leer para terminar de llegar a un juicio y cerrarlas. Por ejemplo, yo tuve a cargo la causa Alderete (ex titular del PAMI y uno de los símbolos de la corrupción del gobierno menemista, nota de la edición), que tenía tantas causas que no lo podíamos terminar, hasta que se encontró una vuelta para poder cerrarla de una buena vez. Y para los juicios por delitos de lesa Humanidad ocurría que no alcanzaban los jueces, porque son juicios largos, con tomas de testimonios que llevan tiempo, con toda una dinámica distinta. Por suerte se pudo resolver bastante la cuestión de poder utilizar los testimonios en juicios previos para no tener que volver a llamar a los testigos, que es un momento muy difícil para ellos, salvo cuando las defensas insistían con el testimonio en la audiencia. Pero como tenemos los registros, las filmaciones, y está la acordada de la Cámara de Casación del año 2012 (Acordada 1/12 – Reglas prácticas para asegurar el Debido Proceso, nota de la edición), eso se pudo organizar bastante bien.
APU: Volviendo al esquema de funcionamiento del Poder Judicial. Existen el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo articulan entre sí?
MCR: El Poder Judicial de la Nación está compuesto por la Corte Suprema y los jueces inferiores. Con la reforma del año ’94 se incorpora una discusión por el procedimiento para nombrar a los jueces que se viene dando entre Menem y Alfonsín, ya en la oposición. La reforma establece que el Presidente de la Nación no puede proponer nombres directamente al Senado.
APU: O ponerlos por decreto, como ocurrió con Rosatti y Rosenkrantz a principios de 2016.
MCR: Un decreto que fue declarado inconstitucional. Eso nunca se había hecho, ni siquiera en la época de Menem, cuando se discutió mucho esta cuestión. Hay una parte de la Constitución que establece que el Presidente puede nombrar jueces “en comisión”, por ejemplo, si hay un problema en tal juzgado, que no hay juez y hay que resolverlo cuando el Congreso no está trabajando. El Presidente tiene la facultad de nombrarlos en comisión por un año y cuando el Senado retoma sus actividades puede rechazar o no el nombramiento. Esto muy pocas veces se hizo en este país, pero nunca había ocurrido con jueces de la Corte Suprema. Eso fue una brutalidad total. Volviendo a la estructura del Poder Judicial, después de la reforma constitucional se creó el Consejo de la Magistratura, que para mí no funciona bien, como un órgano encargado de realizar los concursos para ocupar los cargos en los tribunales inferiores. El Consejo arma las ternas en base al puntaje obtenido en los exámenes y las envía al Presidente, que posee la discrecionalidad de elegir qué nombres envía al Senado para obtener el acuerdo y, una vez logrado, emitir el decreto de designación. Lo que se modificó, y es una discusión de esa época, fue la función del Ministerio Público Fiscal, que se convirtió en un ente autárquico, con presupuesto propio, que es lo fundamental para que una institución pueda funcionar autónomamente. La reforma también dio autonomía funcional y autarquía financiera al Ministerio Público de la Defensa. Esto en términos institucionales, por supuesto.
APU: Precisamente. ¿Cómo funciona este esquema en la práctica? ¿Los servicios de inteligencia tienen influencia?
MCR: Mucha. Pero estamos hablando siempre de la Justicia Federal en la Ciudad de Buenos Aires, no nos olvidemos, y en algunas zonas, algunas provincias. Ahora voy a esto: la creación del Consejo de la Magistratura tuvo la intención de transparentar la designación de los jueces, ajustando la selección a quienes tuvieran las mejores notas, mayor experiencia en la Justicia o en la profesión, obteniendo más alto puntaje. Lo que se ha visto y se ve cotidianamente hace muchos años es que no pudo impedirse aquello que se quería evitar y que antes se hacía: que fueran a hablar con el ministro o el secretario de Justicia para recomendar a alguna persona para que ocupe un cargo: “es un buen chico, trabajador, sabe un montón, da clases acá” o “atiende el teléfono”, como se decía para indicar que es alguien que escucha a los funcionarios, aunque después haga lo que quiere. Lamentablemente, esta propuesta interesante, que surge de las negociaciones entre el menemismo y el radicalismo, principalmente con Alfonsín, y que están expresadas en el Pacto de Olivos, creó una nueva estructura, con un presupuesto muy alto, pero que también cayó en las mismas prácticas. Y actualmente funciona como hace 25 años: Fulanito presiona,”hablás con Mengano”, que “Fulana te ve, te recibe Mengano”, que los puntajes, que “yo lo conozco”, piden una nota, una carta, después están los telefonazos, las visitas… el lobby. Eso es así, sigue existiendo. La única diferencia es que ahora tienen que hablar con más gente. Pero esto no pasa solo con este gobierno, pasa con todos los gobiernos, lo que pasa es que ahora hay mayor exposición mediática.
APU: ¿Qué rol está jugando el periodismo en este esquema de poder?
MCR: Hay determinados periodistas que dependiendo de qué época y de quién les da la pauta publicitaria hablan de algunos temas como si fueran santos inmaculados. A ver, seamos sinceros, la gente se mueve porque quiere llegar a tener determinadas cosas, como el trabajo. Si un conocido te dice que se necesita cubrir un puesto de director de Audiovisual en tal lugar, que está dirigido por equis persona, vas a preguntar: “¿Y quién es esta persona?”. Te responden: “Es amigo de mi papá”, entonces le vas a pedir a tu conocido que le diga a su papá que hable con esa persona, ¿o no harías eso? Y no está mal. El tema es que si esta persona finalmente te llama y te dice: “Cómo no, te nombro. Pero… acordáte de mí, que si yo necesito esto o lo otro”, etcétera. Y ahí es cuando se pone difícil, porque la respuesta en ese caso sería: “Muchas gracias por el nombramiento, pero hay un límite para las cosas”. La cuestión es que esos límites se pasan y no es fácil, eso es la realidad. Uno puede tener relaciones, conocidos, pero llegado el caso en que hay una cuestión judicial en el medio, uno tiene que excusarse, que es lo que corresponde, para eso lo marca la ley.
APU: ¿Y Daniel Angelici? ¿Cómo opera? ¿Cómo es que alguien viene de afuera y consigue que los magistrados resuelvan de determinada manera?
MCR: Primero que Angelici no viene de afuera. Tiene muchas relaciones, es abogado, está en el Colegio Público de Abogados, está en Boca y muchos jueces están en el Directorio del Club Boca Juniors; se conocen. Yo no sé lo que hace, todo se comenta. Y a mí no me pasó, nunca vino a verme Angelici. Respecto a cómo lo hacen, o es fácil: se sientan, van a comer, lo llama alguien cercano o directamente lo van a ver, porque también hay quienes buscan protección.
APU: ¿Y los servicios de inteligencia?
MCR: Los servicios de inteligencia empezaron a tener una importancia muy grande durante la época del menemismo y, según se dice, también durante la época del kirchnerismo. Yo en verdad no puedo hablar mucho porque no tomé conocimiento. Sí puedo opinar que el intento de modificar la situación en el último tramo del gobierno no fue efectivo porque las circunstancias se precipitaron de tal forma, que no se logró contar con un apoyo político más amplio. Porque en este país casi todos pensamos de la misma manera con respecto a los servicios de inteligencia. Yo creo que entre las cuestiones que quedan pendientes, además de la pobreza, está el contar con un sistema de inteligencia serio, bueno, de calidad, para enaltecer a esa gente que trabaja ahí, que hace su trabajo, y para que se dediquen a investigar y evitar que coloquen una bomba como las que colocaron en la AMIA o en la Embajada de Israel, no para espiar si tal funcionario se acuesta con tal persona. Otra de las problemáticas pendientes en términos institucionales es tener una policía de calidad, tanto a nivel federal como provincial.
APU: ¿Cómo es el clima actual en Comodoro Py? ¿Hay tensiones? ¿Es un bloque homogéneo o existen divisiones y disputas internas en el llamado “partido judicial”?
MCR: Sinceramente no lo sé con certeza, porque yo me fui en abril de 2016, y también porque quienes trabajamos en los tribunales orales siempre estuvimos más alejados de lo cotidiano, de la coyuntura, ya que es otro momento del proceso. Lo que sí pude observar es que nunca se vio tan claramente la mano del Presidente de la Nación dentro del Poder Judicial, ni siquiera en la época de Menem, que se hacía de una manera, si se quiere, más gentil. En este momento es brutal. Y lamentablemente hay gente con mucha capacidad, jueces que han sido probos y que trabajaban y trabajan mucho, que han entrado al barro o han sido arrastrados al barro. Es una situación que genera mucha incertidumbre, una incertidumbre muy peligrosa cuando se está ejerciendo la magistratura. Porque presiones siempre vas a tener, como puede ser la madre de un imputado que se para en la puerta del tribunal y te pide que dejes a su hijo en libertad; esas presiones existen, siempre. El tema es no dejarse presionar cuando se resuelve. Pero que te están moviendo el piso constantemente desde la Presidencia de la Nación es verdaderamente terrible. Ahí sí que no hay independencia.
APU: ¿Qué opina de las reformas al sistema judicial que intentaron implementarse durante el kirchnerismo y de la iniciativa Justicia 2020 de Garavano y Gil Lavedra?
MCR: La reforma propuesta por el kirchnerismo tenía cosas muy interesantes y otras que me despertaban algunas dudas, como la elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Creo que estos temas de tanta trascendencia política tienen que salir con mucho acuerdo, y no sé si pudo lograrse un acuerdo en el sector judicial. Con respecto a la Justicia 2020 de Garavano, yo hablé con él cuando fue a vernos a los jueces al inicio de la gestión Macri y pude observar algunas propuestas que también eran interesantes, como generar más tribunales. Yo le hablé de generar el tema de los recursos, que no tengan que estar los tres jueces para hacer la suspensión de un juicio a prueba, por ejemplo. Eso agiliza a la Justicia y es otro de los temas pendientes: que sea ágil la Justicia. Porque hay miles y miles de personas que están detenidas en las cárceles que necesitan que la Justicia resuelva rápido. También en ese momento yo le dije a Garavano que observaran el modo en que se iban a distribuir las causas y la forma en que se iban a designar los jueces, que obviamente estaba de acuerdo en que estuvieran hablando de lograr mayor transparencia y que, por eso mismo, no debía ocurrir que subiera la causa de equis persona y que entonces fuera a tal tribunal. Ya avanzados en el ejercicio de la función, queda en evidencia que eso es lo que pasó y está pasando, lamentablemente.
APU: Para cerrar, si fuera Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿qué transformaciones le gustaría hacer?
MCR: Primero hay que hablar de la estructura, de las malas condiciones en que trabaja la gente dentro del Poder Judicial. Y es mentira eso de que se trabaja seis horas, siempre se trabajan muchas más horas. Sí pondría el énfasis en solicitarle al poder político, al Ejecutivo y al Legislativo, la ampliación de juzgados y tribunales y la modificación de determinados códigos para que haya una celeridad procesal que no implique que el juez de Instrucción llame a indagatoria y que después venga el juicio oral, porque pasan los tiempos y la gente, los imputados y las víctimas, necesitan respuestas rápidas. Esto no significa que se salga a las corridas a resolver sin criterio, sino el establecimiento de plazos perentorios para que determinadas cosas se resuelvan.
APU: Por último, ¿qué recomendaciones le haría a las nuevas generaciones de abogadas y abogados y a los jóvenes que ingresan a la carrera judicial?
MCR: Que estudien y que laburen. Es el único camino: sentarse a leer y patear los Tribunales. Y a quienes entran al Poder Judicial, ya sea como empleados o como jueces o juezas, que tengan contacto con la gente, que escuchen a la gente y que tengan buen trato. El resto está en los libros.

Fuente. APU


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